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| Francisco Yagüe, Secretario General de Cáritas |
Ante la preocupación creciente sobre el problema del retraso o denegación en la concesión del IAI, el equipo de Comunicación ha entrevistado al Secretario General de Cáritas Diocesana de Zaragoza. A continuación sus declaraciones
PREGUNTA: ¿Qué es el Ingreso Aragonés
de Inserción o, como comúnmente se le conoce, el IAI?
FRANCISCO. Se trata de una prestación
económica regulada por una ley específica (Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social (B.O.A. nº 24 de 1/03/1993) y desarrollada por varios
decretos. Además está afectada por el marco legislativo de los Servicios
Sociales (Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón) y el decreto que regula el catálogo de prestaciones y
servicios sociales de nuestra comunidad autónoma. Se articula como una
prestación económica destinada a promover la inserción social de las familias
en situación de vulnerabilidad o exclusión social y que no disponen de la renta
suficiente para mantener sus necesidades básicas. Esta ayuda económica está
vinculada a procesos de inserción, reflejados en los compromisos que la familia,
o la persona, adquiere mientras cobra dicha prestación.
En estos momentos son miles las
familias aragonesas que lo perciben, debido a las altas cifras de desempleo y
las dificultades existentes para acceder a un empleo. En la actualidad, es el
único ingreso al que pueden acceder más de las cinco mil familias aragonesas
que lo perciben y, entre ellas, ya no sólo nos encontramos con familias en
situación de exclusión social, sino también familias trabajadoras y con
formación laboral suficiente pero con experiencias desempleo de larga duración.
El número de beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción ha pasado de 441
perceptores en 2007, a 5.308 en 2011 Esta cifra es insuficiente, puesto
que su tasa de cobertura respecto a las personas bajo el umbral de la pobreza,
en 2011, era de un 6,51%.
PREGUNTA: ¿El
IAI responde a las necesidades sociales que hoy en día nos encontramos?
FRANCISCO. Lamentablemente no está respondiendo a las necesidades. Los recurrentes y
continuos retrasos son de todas las Administraciones Públicas implicadas desde
que comenzó la crisis. El IAI es una prestación esencial, y ha de
presupuestarse para que pueda ser percibida por todos aquellos ciudadanos que
cumplan los requisitos.
Cáritas, a través de distintos medios,
trasladó a los responsables públicos del Gobierno de Aragón la necesidad de que
dicha prestación económica estuviese adecuadamente presupuestada, ya que la
cantidad aprobada en los actuales presupuestos resultaba a todas luces
insuficiente, provocando esta situación continuos retrasos en la aprobación de
nuevas altas y en la renovación de las que actualmente están concedidas. Por
otro lado, la saturación de los centros sociales municipales del Ayuntamiento
de Zaragoza, donde se acumulan la gran mayoría de los expedientes tramitados,
provoca también retrasos, habiéndose detectado problemas administrativos en la
tramitación de los mismos.
PREGUNTA: La
Presidenta del Gobierno de Aragón en una entrevista televisada, con motivo del
23 de abril, apuntó la necesaria reforma de esta prestación y la necesidad de
modificar su regulación para controlar los muchos abusos que se han detectado.
¿Es necesaria dicha reforma?
FRANCISCO. Lo que es necesario es que
los ciudadanos sin ingresos suficientes, debido al desempleo o a situaciones de
exclusión social, tengan acceso a la cobertura de sus necesidades básicas
mediante una prestación económica suficiente, ágil y digna. El IAI se ha
quedado obsoleto porque en su definición estaba destinado a familias y personas
con problemas de integración social.
En este sentido, puedo estar de
acuerdo con los responsables públicos que están proponiendo dicha reforma del
IAI, desde la Presidenta, hasta la Directora Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, pasando por el propio Consejero de Sanidad, Bienestar
Social y Familia, sin embargo, dicha reforma exige un previo y es que se
establezca una alternativa para las familias que, por tener formación y estar
más o menos integradas, se queden fuera de esta prestación. Por ello, Cáritas
en numerosas ocasiones ha reivindicado la regulación y puesta en práctica de la
Renta Social Básica, destinada a cualquier familia que no tenga ingresos para
cubrir sus necesidades básicas. Renta por otro lado reconocida en el propio
Estatuto de Autonomía de Aragón. De esta forma el IAI se convertiría en una
prestación económica complementaria y exclusivamente destinada a familias en
procesos de inserción social.
En cuanto a los fraudes, estamos
deseando conocer el número de familias que los cometen y, en cualquier caso,
considero que existen los mecanismos suficientes para detectarlas y para
aplicar las sanciones necesarias. Me parece sumamente peligroso justificar regulaciones
restrictivas en servicios sociales porque haya fraudes. Persígase el fraude,
pero no restrinjamos el acceso a los derechos y prestaciones de los Servicios
Sociales públicos. Es como si ante la corrupción cometida por algunos políticos
solicitásemos, por ello, la derogación de las Cortes.
