Día Internacional contra el Racismo

El día 21 de marzo,  la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, de la que forma parte Cáritas, celebró, un año más, el Día Internacional contra el Racismo.

En esta ocasión con el lema “Por una sanidad pública no excluyente. Igualdad para vivir, diversidad para convivir”, se quiso hacer especial incidencia en las restricciones que el gobierno de España implantó en abril de 2012 en materia sanitaria, excluyendo a las personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria normalizada.

La jornada comenzó a 19.00 h. en la Plaza de España de Zaragoza y se realizaron varias actividades:  una de ella fue la colocación de noticias de prensa sobre discriminación, una “performance” que interpretaron  los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Teatro y finalmente se procedió a la lectura de un manifiesto por  parte dos  actores de Oregón TV. 

Se aprovechó la actividad para recoger firmas de la campaña “Salvemos la Hospitalidad” ya que es apoyada por numerosas entidades que allí estábamos presentes.

Una vez finalizada la concentración varios participantes asistimos a un concierto  organizado por la Casa de las Culturas,   también con motivo del Día Internacional. El concierto tenía el título  “Vaivén: ritmos de ida y vuelta". Lo dirigía Biella Nuei e incorporaba a sus canciones percusión de distintos  países como Senegal, Marruecos y Japón.              

Manifiesto ciudadano contra el racismo y la xenofobia

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia hacemos un llamamiento a la reflexión y a la responsabilidad del Gobierno, del resto de poderes públicos y de la propia sociedad española y aragonesa. Las personas inmigrantes que se encuentran en nuestro país y otros colectivos, como la población gitana autóctona, están padeciendo con especial crudeza la crisis económica y los mecanismos que esta ha desencadenado (desempleo, desahucios, vulnerabilidad social, etc.). Las restricciones presupuestarias y la aplicación de medidas de austeridad están en la base de políticas altamente discriminatorias en materia de migración y de acceso a los recursos sociales.

Uno de los ejemplos más significativos de estas políticas son las restricciones en materia sanitaria que el Gobierno implantó con los recortes aprobados en abril del 2012, excluyendo a los “sin papeles” de la asistencia sanitaria normalizada. El Gobierno español ha retrocedido 30 años al suprimir la consideración de la salud como un derecho universal. Son ya numerosos los informes que valoran la política del gobierno como contraproducente, incluso en términos económicos, habida cuenta de que la atención de urgencia a la que abocan a la inmigración no regularizada resulta mucho más costosa que el servicio sanitario regular y las medidas de prevención. 

Particularmente dramática es la situación a la que se está condenando a los enfermos crónicos que requieren, por ejemplo, un tratamiento de diálisis, de insulina o de retrovirales. No hay que olvidar, además, que la sanidad pública se financia con una recaudación fiscal a la que también contribuyen quienes han sido excluidos del sistema, al menos a través de los impuestos que gravan el consumo.

En un auto preliminar, el Tribunal Constitucional ya ha determinado que debe prevalecer la consideración del perjuicio que supone la discriminación en la atención sanitaria, sobre el beneficio económico vinculado al ahorro en esta materia. Pedimos al Gobierno que no espere a que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana por completo, que corrija de forma inmediata sus políticas discriminatorias y que atienda a la totalidad de la población, independientemente de la situación administrativa en la que  se encuentre.

Además, queremos denunciar también el anteproyecto de reforma del Código penal que ha elaborado el Ministro de Justicia. Uno de los artículos modificados persigue la criminalización de las personas o instituciones que ayuden de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España, al tipificar como delito dicho comportamiento solidario.

La población española ha conocido en el pasado –y está conociendo en el presente más inmediato– lo que significa la necesidad de emigrar a otro país. Toda una invitación a reflexionar colectivamente sobre el dramatismo de la experiencia vital de quienes se ven obligados a abandonar su entorno cultural y familiar en busca de unas mejores condiciones de vida.

Por todo lo anterior, exigimos a los distintos gobiernos que no impulsen medidas que fomenten actitudes xenófobas y racistas, que son, a su vez, el caldo de cultivo de organizaciones neonazis, cuya proliferación en los últimos tiempos debería alarmar a cualquier persona con una mínima sensibilidad democrática. En sentido contrario, instamos a los gobiernos a que habiliten marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.

21 marzo 2013