El día 21 de marzo, la Plataforma Ciudadana contra el Racismo, de la que forma parte Cáritas, celebró, un año más,
el Día Internacional contra el Racismo.
En esta ocasión con el lema “Por
una sanidad pública no excluyente. Igualdad para vivir, diversidad para convivir”,
se quiso hacer especial incidencia en las restricciones que el gobierno de
España implantó en abril de 2012 en materia sanitaria, excluyendo a las
personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria
normalizada.
La jornada comenzó a 19.00 h. en
la Plaza de España de Zaragoza y se realizaron varias actividades: una de ella
fue la colocación de noticias de prensa sobre discriminación, una “performance”
que interpretaron los alumnos y alumnas
de la Escuela Municipal de Teatro y finalmente se procedió a la lectura de un
manifiesto por parte dos actores de Oregón TV.
Se aprovechó la actividad para
recoger firmas de la campaña “Salvemos la Hospitalidad” ya que es apoyada por
numerosas entidades que allí estábamos presentes.
Una vez finalizada la
concentración varios participantes asistimos a un concierto organizado por la Casa de las Culturas, también con motivo del Día Internacional. El
concierto tenía el título “Vaivén:
ritmos de ida y vuelta". Lo dirigía Biella Nuei e incorporaba a sus canciones
percusión de distintos países como Senegal,
Marruecos y Japón.
Manifiesto ciudadano contra el racismo y la xenofobia
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Racismo
y la Xenofobia hacemos un llamamiento a la reflexión y a la responsabilidad del
Gobierno, del resto de poderes públicos y de la propia sociedad española y
aragonesa. Las personas inmigrantes que se encuentran en nuestro país y otros
colectivos, como la población gitana autóctona, están padeciendo con especial
crudeza la crisis económica y los mecanismos que esta ha desencadenado (desempleo,
desahucios, vulnerabilidad social, etc.). Las restricciones presupuestarias y
la aplicación de medidas de austeridad están en la base de políticas altamente
discriminatorias en materia de migración y de acceso a los recursos sociales.
Uno de los ejemplos más significativos de estas políticas son las
restricciones en materia sanitaria que el Gobierno implantó con los recortes
aprobados en abril del 2012, excluyendo a los “sin papeles” de la asistencia
sanitaria normalizada. El Gobierno español ha retrocedido 30 años al suprimir
la consideración de la salud como un derecho universal. Son ya numerosos los
informes que valoran la política del gobierno como contraproducente, incluso en
términos económicos, habida cuenta de que la atención de urgencia a la que
abocan a la inmigración no regularizada resulta mucho más costosa que el
servicio sanitario regular y las medidas de prevención.
Particularmente dramática es la situación a la que se está condenando
a los enfermos crónicos que requieren, por ejemplo, un tratamiento de diálisis,
de insulina o de retrovirales. No hay que olvidar, además, que la sanidad
pública se financia con una recaudación fiscal a la que también contribuyen
quienes han sido excluidos del sistema, al menos a través de los impuestos que
gravan el consumo.
En un auto preliminar, el Tribunal Constitucional ya ha determinado
que debe prevalecer la consideración del perjuicio que supone la discriminación
en la atención sanitaria, sobre el beneficio económico vinculado al ahorro en
esta materia. Pedimos al Gobierno que no espere a que el Tribunal
Constitucional le enmiende la plana por completo, que corrija de forma
inmediata sus políticas discriminatorias y que atienda a la totalidad de la
población, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre.
Además, queremos denunciar también el anteproyecto de reforma del
Código penal que ha elaborado el Ministro de Justicia. Uno de los artículos
modificados persigue la criminalización de las personas o instituciones que ayuden
de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que
transiten por España, al tipificar como delito dicho comportamiento solidario.
La población española ha conocido en el pasado –y está conociendo en
el presente más inmediato– lo que significa la necesidad de emigrar a otro
país. Toda una invitación a reflexionar colectivamente sobre el dramatismo de
la experiencia vital de quienes se ven obligados a abandonar su entorno
cultural y familiar en busca de unas mejores condiciones de vida.
Por todo lo anterior, exigimos a los distintos gobiernos que no
impulsen medidas que fomenten actitudes xenófobas y racistas, que son, a su
vez, el caldo de cultivo de organizaciones neonazis, cuya proliferación en los
últimos tiempos debería alarmar a cualquier persona con una mínima sensibilidad
democrática. En sentido contrario, instamos a los gobiernos a que habiliten
marcos de convivencia dignos y en igualdad, respetando el estado social y
democrático de derecho que nuestra Constitución reconoce.
21 marzo 2013
